La Corriente Sindical de Izquierda solicita que se depuren las responsabilidades penales y civiles

Publicado en por geluty

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En la mañana de ayer, 13 de octubre, el Secretario General de la CSI, Samuel Fernández, acompañado por Balbino Cano y Alfonso Piney, estos dos últimos en su condición de miembros que fueron del Comité de Empresa de Naval Gijón S.A.U., junto con Cándido González Carnero y asesorados por el abogado Fernando Merodio, presentaron en la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias la denuncia por las supuestas ilegalidades delictivas en la tramitación del ERE que cerró Naval Gijón y en el desarrollo de lo que entienden fue una fraudulenta gestión en la última década.

La denuncia ocupa 36 páginas y unas 250 más la documentación que la acompaña. Los razonamientos de derecho se extienden a lo largo de 16 puntos para al final solicitar a la fiscalía, que, previas las averiguaciones pertinentes, dé traslado al Juzgado correspondiente para que inicie las Diligencias Previas e investigue los hechos denunciados.

Hace casi dos años, el Director General de Trabajo de Asturias aprobaba el ERE y los acuerdos suscritos entre el Astillero y los representantes de CCOO y UGT, con la rotunda oposición de los tres delegados de la CSI, que autorizaban la extinción del contrato de trabajo de 98 trabajadores, de los que 54 se incluían en un plan de prejubilaciones y, los 44 restantes terminarían en el paro como así ha sucedido, no sin que antes recibieran toda clase de promesas tanto verbales como por escrito de que serían recolocados.

El entramado que han ido montando, no sólo las empresas, sino también el Gobierno central, autonómico y municipal es descomunal y, para que todo ello haya sido posible han tenido que intervenir, necesariamente, el Ministerio de Industria, la Consejería de Industria y el Ayuntamiento de Gijón, así como numerosos organismos oficiales que dependen directamente o indirectamente de estos gobiernos. La denuncia va dirigida expresamente contra los responsables sucesivos de Naval Gijón, contra el Presidente de Pymar y contra otras empresas interpuestas domiciliadas en Madeira (conocido paraíso fiscal) pero que son propiedad o están controladas por las anteriores.

Las irregularidades cometidas durante esta década son numerosas y abarcan todos los ámbitos imaginables. Para mejor entender la presente denuncia conviene señalar que la “cultura de la empresa”, como dice la denuncia, fue encaminada a resolver los distintos problemas que se iban presentando mediante la reducción de plantilla como solución exclusiva, eso sí, con acuerdos aparentemente no traumáticos: prejubilaciones, incapacidades y, por supuesto, con la estrecha colaboración de la empresa “estatal” Pymar, que siendo creada para garantizar la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas que por su reducida dimensión no disponían de suficiente capacidad de gestión para enfrentarse a los problemas, realmente lideró directamente su cierre junto con los Sindicatos mayoritarios, tal como se indica en el punto 1º de la denuncia.

Los promotores de Pymar entendieron que había otras necesidades aunque con fines no tan saludables como los inicialmente previstos, de modo que acabó obligando a los pequeños y medianos astilleros a someterse a su dictadura para acabar con el desmantelamiento de los astilleros del que Asturias es hoy testigo, como así dice en el 2º punto.

En 2004, Naval Gijón entregó su autonomía a Pymar quien tomó todo el poder de decisión pero sin hacerse cargo de sus pasivos. Obtuvo también los valiosos terrenos y construcciones comenzando así el juego con diversas empresas interpuestas y el cambio de Administradores, todo ello a modo de cortina de humo como así se desprende de la denuncia. Todo con el manejo de decenas -cientos- de millones de euros, subvenciones, créditos, avales y del baile de activos y de pasivos, de tal modo que este ambiente tan opaco hace que sea más difícil las contrataciones de barcos y su construcción cada vez más compleja, porque la actividad industrial queda supeditada y afectada por todo lo anterior. Termina el punto 3º resumiendo que ni se hacen las inversiones anunciadas ni se cumplen los planes de viabilidad aprobados por Pymar, sino que al contrario, comienzan a “especular con los muy atractivos y jugosos terrenos del astillero, una de las zonas con mayor potencial especulativo de Gijón, de forma que, pese a que la alcaldesa de la ciudad (en clara connivencia con Pymar) inicialmente anunciaba en todos lo medios que nunca se iba a edificar viviendas en esos terrenos...”. El caso es que hoy estos terrenos ya están incluidos en el Plan General de Ordenación para viviendas y demás.

Pero para el cierre del astillero todavía hacen falta más y mayores irregularidades, sin olvidar la traumática situación que provocan los despidos directos e indirectos de los que han sido objeto numerosos trabajadores. Así en el punto 5º añade como agravante la no presentación en el Registro Mercantil de las cuentas auditadas de los años 2008 y 2009, mientras que en las del 2007 la situación patrimonial negativa de 38 millones de euros, lleva al astillero a una de las causas de disolución según la ley, lo mismo que lo que ya se venía reiterando desde 2003.

La denuncia habla en el punto 8º de las dificultades que suponen las irregularidades de las cuentas anuales y de otros documentos que deberían reflejar su situación jurídica o económica para que posibilitase una toma de posición por parte de los trabajadores afectados. Pese a todo esto, el 5 de diciembre de 2008, Naval Gijón y los representantes de CCOO y UGT firman y asumen los planteamientos y el ERE de Naval Gijón, con la oposición de los delegados de la CSI.

El falseamiento de las cuentas anuales “se produjo a fin de conseguir, con engaño, la autorización del ERE y, con ella, la extinción de todos los puestos de trabajo, vulnerando así el constitucional derecho de los trabajadores”, según la denuncia.

Todo lo anterior explica la reiterada negativa de la empresa, punto 9º, a entregar al Comité las cuentas debidamente auditadas. La CSI a acude al Registro Mercantil y se encuentran con que las cuentas de 2005 y 2006 eran distintas a las que la empresa había entregado sin auditar. Los “errores” son más que de bulto, porque las diferencias de gastos más ingresos ascienden a 84 millones de euros en 2005 y a 140 millones para el ejercicio 2006.

En la rueda de prensa, el abogado Fernando Merodio y el resto de los arriba citados, coinciden en que es difícil encontrar nada que presumiblemente no haya sido vulnerado, mientras que la connivencia de todas las administraciones y las de los dos sindicatos mayoritarios han hecho posible el resto. El entramado es de tal calibre, que el abogado temía dar nombres porque aunque los principales responsables sí son conocidos, afirmaba que muchos más, no menos importantes y no menos responsables, todavía permanecían ocultos y al margen, de momento.

Dado que hay trabajadores en situación muy delicada y con las prestaciones agotadas urgieron a la fiscalía que acelera los trámites y remitiera al juzgado correspondiente la denuncia presentada. En todo caso, y en breve, de no tener respuesta satisfactoria los demandantes se personarán en el juzgado. Exigirán medidas cautelares a los denunciados, para que el dinero y bienes se queden como garantía, y también exigirán responsabilidad civil además de la penal.

Tantas irregularidades delictivas acumuladas llevan a la conclusión de que el ERE podría ser nulo, aunque tampoco se sabe cómo y de qué manera podría resolverse satisfactoriamente.

Sorprende que el cúmulo de presumibles delitos tan diversos y la reiteración de los mismos durante toda la década, junto con el gran número de implicados pertenecientes a todas las Administraciones explica mal cómo ha sido posible llegar a esta situación. Es más, lo mismo que está sucediendo en Juliana, un astillero situado al lado y en proceso de cierre en donde las irregularidades son muy similares.

Todo lo que se ha denunciado es más que suficiente para que sea investigado, porque sí hay ineludibles responsabilidades. El delito más grave se ha producido contra los derechos de los trabajadores y, en ningún caso, se pude proceder con tanto fraude cuando además la ley la han hecho “ellos” y si no la quieren cumplir, al menos que la cambien.

14-10-2010 Miguel Ángel Llana. Asturbulla

Texto íntegro de la demanda]

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